La Audiencia Provincial acepta los recursos de los inquilinos de las
viviendas, del PSOE y de la empresa municipal de vivienda contra el
archivo del pasado enero. investiga malversación, fraude y
prevaricación. El Tribunal de Cuentas ya condenó a la exalcaldesa y a
siete miembros de su equipo a pagar 23 millones de euros por malvender
estas viviendas.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella/ EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).
En un auto, fechado el pasado 27 de mayo, la Audiencia estima los recursos
presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de
la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación
Causapié, y por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid
(EMVS) contra el auto del pasado 23 enero, dictado por el Juzgado de
Instrucción 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y
archivo de las diligencias.
Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa
Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados. Estos son Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases,
apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda (del fondo de
inversión estadounidense Blackstone, el mayor case de España), por la
venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos realizada en 2013.
Ya un auto de septiembre de 2017 acordó la reapertura de las diligencias previas,
también archivadas, a raíz de la presentación del informe de
fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid el 30 junio 2016 y que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013,
bajo un mandato del PP.
Condenados por el Tribunal de Cuentas
Esta operación ya le costó el pasado diciembre a la exalcaldesa y parte de su equipo una condena por parte del Tribunal de Cuentas. Botella y siete miembros de su Gobierno están condenados a pagar 23 millones de euros. Concretamente
vendieron 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más
otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones,
según el Tribunal de Cuentas. Los implicados han recurrido esta
decisión, aunque ahora la justicia ordinaria sigue examinando con lupa
aquella decisión.
En el informe de la Cámara de Cuentas se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar
ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una
entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.
No existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada
A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que
con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías,
entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus
derechos a las compañías Fidere.
Y destacaban igualmente que había sido el comprador y no la EMVS la que fijó el precio de la venta de las viviendas, un importe "objetivamente inferior al precio que podía obtenerse
e incluso al mero valor contable de las viviendas". El informe de la
Cámara de Cuentas también hacía mención a los 2,3 millones de euros
destinados al pago de dos facturas de una sociedad intermediaria en las
operaciones de compra-venta "que no sólo no resultaría necesaria sino
que no existe otra constancia de la intermediación que la aparición de
las propias facturas".
Una gestión fuera de regulaciones en la EMVS
En el auto, la Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera aplicables a las operaciones en las que intervino "pues no aplicó las prevenciones de derecho público exigibles".
La Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera
"Además,
permitiendo el pago a la empresa intermediaria por prestaciones que no
tenían cobertura jurídica ni está probado que se ejecutaran, y el cobro
por la venta de inmuebles por un precio inferior al mínimo jurídicamente aceptable,
la actuación del demandado produjo un daño real y efectivo,
económicamente evaluable e identificado en unos bienes públicos
concretos"
La actuación de Oslé "está incursa, al menos, en negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo".
La Audiencia Provincial no desconoce que el ámbito
competencial del Tribunal de Cuentas es diferente del penal aunque no
descartan "la existencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Oslé.
"Existen indicios suficientes como para entender
que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los
investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", añaden. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario