El ministro de Fomento, José Blanco, dice que si los controladores, no depongan su actitud y vuelvan a sus puestos de trabajo de forma inmediata, antes de las 21.30 entrará en vigor un real decreto
Kaos. Laboral y Economia 4-12-2010 a las 21:27
Algunos controladores fueron obligados a volver al trabajo a punta de pistola
(Librered) Los controladores aéreos han garantizado que trabajarán con “absoluta normalidad”, según ha informado a Europa Press el portavoz del sindicato de controladores USCA, quien ha denunciado que la Guardia Civil “ha obligado a trabajar a punta de pistola” a algunos compañeros suyos que se encontraban descansando en el centro de control bajo “la amenaza de llevarlos al calabozo”.
Así, ha explicado que agentes de la Benemérita han llegado esta mañana a las salas de control, donde estaban descansando algunos controladores, a quienes han conducido a punta de pistola a la sala de operaciones del centro de control, donde les ha obligado a sentarse, bajo la amenaza de detenerlos en caso de que se negaran.
Los controladores advierten que sufren “crisis de ansiedad” y que no están en condiciones psicofísicas para desarrollar su labor. El Gobierno ha amenazado a los huelguistas y si no vuelven al trabajo pueden enfrentar penas de cárcel y multas de hasta 200.000 euros.
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Caos en los aeropuertos
El Gobierno declara el estado de alarma y moviliza a los controladores
Los controladores serán llamados de uno en uno con la advertencia de que desobedecer la movilización es un delito grave.- Rubalcaba asegura que los trabajadores que no se presenten a sus puestos podrán enfrentarse a penas de cárcel y afirma que la situación "comenzaba a ser insostenible". -Coroneles toman el mando en las torres de los aeropuertos civiles. -15 aviones han despegado ya de Barcelona. Se quedan en tierra más de 330.000 personas en el arranque del puente
AMANDA MARS
ÁLVARO ROMERO 04/12/2010
España está en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. El caos aeroportuario montado por el plante masivo de los controladores ha llevado al Gobierno a decretarlo esta mañana, a la vista de que los vigilantes del aire no deponían su actitud. A partir de las 13.00, con su publicación en el BOE, los controladores quedan "movilizados" y bajo las órdenes de la autoridad militar. A partir de entonces serán requeridos de uno en uno para que vayan a trabajar y si no lo hacen serán acusados de graves delitos. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba lo explicó así: "Si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia", castigado con penas de prisión.
Es una amenaza cumplida, ya que anoche el Gobierno había amenazado con declarar el estado de alarma. Un Consejo de Ministros extraordinario, reunido desde las 9.10 de la mañana para abordar la crisis originada por la "huelga salvaje" iniciada ayer por los controladores y que sigue esta mañana, en la que sólo la mitad de ellos ha acudido a su puesto, aunque alegan problemas físicos para no trabajar.
Los ministros esperaron a ver si se normalizaba la situación para decidir si decretaban o no el estado de alarma. Pero eso no ocurrió. Por ello en la comparecencia de esta mañana, se decretó la alarma, una medida excepcional, para "impedir el chantaje" de los controladores y el evidente pulso al Gobierno que han decidido echarle los controladores. "Nunca pensaba que un colectivo podía ser tan insensato como para causar tanto daño, no al Gobierno, sino a los ciudadanos", subrayó Rubalcaba. El estado de alarma permanecerá de momento por un periodo de 15 días.
La amenaza no ha surtido efecto de momento sobre el tráfico aéreo y habrá que ver cuánto tarda en surtir efecto el estado de alarma. Las compañías han anunciado que no habrá vuelos, que no despegarán ni aterrizarán en aeropuertos españoles, hasta las seis de la mañana de este domingo. Sin embargo, oficialmente AENA mantiene que a la una de la tarde de hoy se reabrirá el espacio aéreo y a partir de las 19.00 eurocontrol dará los slots para permitir despegues y aterrizajes. Iberia, la mayor operadora, ya ha dicho que hasta las seis de la mañana de mañana no operara sus aviones.
AENA ya había advertido a los controladores a primera hora de la tarde del viernes de que "la decisión de paralizar el tráfico aéreo en el país es de una extrema gravedad" y que, "además de constituir una falta muy grave que puede ser sancionada con el despido disciplinario", constituye "un delito según el artículo 409 del Código Penal".
Durante la madrugada del sábado los controladores empezaron a volver a sus puestos de trabajo y el tráfico aéreo se reinició tímidamente en algunos aeropuertos, pero su presencia es hasta ahora desigual, y muchos de los que han asistido no están trabajando de forma normal. Trece controladores del aeropuerto barcelonés de El Prat -la mitad de los que componen el turno- se incorporaron hacia las 22.00 horas del viernes. Entre esa hora y la 1.30 de la mañana despegaron y aterrizaron 15 vuelos en El Prat con una media de entre dos y cinco horas de retraso, informa Jesús García. A esa hora se detuvieron definitivamente los vuelos, que estaba previsto que arrancaran de nuevo a primera hora de la mañana del sábado. Los viajeros que han ido llegando al aeropuerto barcelonés para tomar vuelos por la mañana ya han sido informados de que sus aviones sufrirán importantes retrasos.
Mientras, el tráfico aéreo ha continuado suspendido en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y Mallorca. A primera hora de la madrugada, y después de que interrumpiera en él la policía, los controladores reunidos en un hotel cerca del aeropuerto madrileño, comenzaron a abandonarlo entre los insultos del resto de huéspedes.
Los controladores también se incorporaron durante la madrugada a sus puestos en el centro de Gran Canaria. En cualquier caso, no se reanudarán los vuelos en ninguno de los aeropuertos servidos por ese puesto de control (Tenerife y Gran Canaria) hasta avanzada la mañana.
Control militar
El Ejecutivo se vio obligado a la militarización del control aéreo hacia las 23.00 horas del viernes ante el colapso generado por las "bajas masivas" del 70% de los controladores. Para poder tomar esta medida, que está prevista dentro de un decreto aprobado el mediodía del viernes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo publicó la norma de manera extraordinaria en el Boletín Oficial del Estado pasadas las 21.30. Además, el decreto especifica que también se permitirá realizar controles médicos a los controladores "de manera inmediata" para verificar que realmente no están en disposición de realizar sus funciones.
El Gabinete de crisis creado para gestionar la crisis anunció tres medidas de urgencia. En primer lugar, efectivos militares se trasladaron a los cuatro centros de control que existen en España (Sevilla, Madrid, Barcelona y Canarias) para asegurar su buen funcionamiento. En segundo, Defensa reforzó el personal de los nueve aeropuertos de uso mixto militar y civil: Villanubla (Valladolid), San Javier (Murcia), Salamanca, Talavera la Real (Badajoz), León, Zaragoza, Albacete y Cuatro Vientos y Torrejón (Madrid). A ellos se desviarán vuelos civiles.
Como tercera medida de urgencia, coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles para asumir el mando. A sus órdenes han quedado los controladores civiles que acudieron a trabajar. Los coroneles comenzaron por asegurar la coordinación de los 10 aeropuertos que continuaban abiertos el viernes por la noche, y a lo largo de la madrugada se irán incorporando al resto, que son 47, para que por la mañana todos puedan estar operativos. A lo largo de la noche, soldados de la Unidad de Emergencias (UME) patrullaron por Barajas, ocupándose de avituallar con víveres, agua y mantas a los pasajeros.
Acusaciones de desobediencia
El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba ya explicó en una comparecencia previa, a las 23.00 horase del viernes, que se le exigiría a los controladores que se incorporasen a sus puestos de trabajo. Si desobedecían la orden o entorpecían el buen funcionamiento en las torres de control, la Guardia Civil les abriría un atestado y podrían incurrir en un delito por el que les corresponderían hasta penas de prisión menor (entre seis meses y un día y seis años).
Ante el colapso generado, AENA recomendó a los pasajeros que no acudieran a los aeropuertos, que activaron a su vez sus planes de emergencia y dejaron las zonas de servicios como cafeterías y restaurantes abiertas. También les pidió que soliciten información a las compañías que operan en sus instalaciones o través de su página web, además de poner a disposición de los afectados un número de teléfono: 902404704.
Al menos 330.000 afectados
Al menos 330.000 personas se han quedado por el momento sin poder viajar, según ha informado el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema. Algunas compañías como Iberia, Spanair, Vueling o Ryanair han cancelado sus vuelos hasta las 11.00 del sábado. Cerca de dos millones de usuarios tenían previsto coger un avión en este puente.
El viernes era el primer día de la operación salida, tanto en las carreteras como en los aeropuertos, donde se iban a operar un total de 4.928 vuelos. En total se esperaba trasladar a 694.294 pasajeros. La de ayer era la jornada de mayor concentración de tráfico del puente de la Constitución.
Madrid-Barajas tenía previsto recibir 1,27 millones de viajeros durante estos siete días, para los que hay programados un total de 7.950 vuelos, siendo el viernes y el jueves 9 de diciembre, los de mayor tráfico, con 1.282 vuelos y 1.212 operaciones, respectivamente.
Un día entero en pie de guerra
Por la mañana del viernes, la directora de navegación aérea, Carmen Librero, mandó a los controladores una carta diciéndoles que de las 1.670 horas anuales que tienen que trabajar, todas deben ser de control efectivo. Esto es, que no podían contabilizar dentro de ellas los permisos o bajas. Unas horas después de recibir la comunicación, los controladores de Barajas y Baleares han adoptado lo que técnicamente se conoce como regulación rate 0, que solo se puede activar por razones de seguridad en los aeropuertos y equivale a estar "sin operaciones". Esto ha extendido los problemas al resto de la red nacional por su dependencia de los dos centros. Bajo este estado no se permiten despegues de aviones y solo pueden aterrizar los que estén en aproximación final, ya que el resto debe de ser desviado.
El sindicato de controladores USCA, que ha reconocido que lo sucedido obedece a la aprobación ayer del nuevo modelo de gestión aeroportuaria en el Consejo de ministros, venía advirtiendo en las últimas jornadas de que, tras un año de conflicto con el Ministerio por sus condiciones de trabajo, los ánimos en el colectivo estaban muy encendidos. También advertían de que cada vez les era más difícil controlar a sus afiliados, a los que ayer pedía "calma y serenidad". De hecho, a la misma hora que se confirmaban las bajas daban una rueda de prensa para afirmar que acataban el decreto. Por este motivo, descarta una huelga y asegura que la protesta ha sido "espontánea". Algunos miembros de este sector han mantenido una reunión "paralela" a la del gabinete de crisis con miembros de Fomento.
Lema, que acusa a los controladores de someter a "chantaje a la población española con el fin de mantener unos privilegios que una ley aprobada en el Parlamento modificó", ha denunciado que los controladores "han abandonado masivamente sus puestos de trabajo" apenas dos horas después de iniciarse el turno de tarde, a las 17.00 del viernes, aludiendo motivos de "incapacidad", en su mayoría con episodios de indisposición y mareos. Para AENA, que califica lo sucedido de "intolerable", se trata de una "comunicación de bajas concertadas y masivas" que se está produciendo en todos las dependencias, pero que ha tenido especial incidencia en Madrid y Baleares. Además, los trabajadores han exigido ser atendidos por médicos militares, lo que haría que el proceso fuese más lento. El presidente del organismo dependiente de Fomento ha explicado que los médicos del CIMA (Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial) se encuentran ahora en los centros de control para realizar reconocimientos para confirmar los motivos de las bajas. El regulador europeo Eurocontrol habla en su página web de "huelga encubierta", tal y como ocurrió el pasado verano.
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Los pasos de la intervención militar
1º Ordenar a los controladores que acudan a sus puestos de trabajo. Si no cumplen la orden se enfrentan a graves delitos con penas, incluso penales.
2ª Abrir al tráfico civil la decena de aeropuertos militares que hay en España. En Madrid se habilitarán el de Torrejón y el de Cuatro Vientos.
3ª Desplazar a las torres de control de los aeropuertos civiles a coroneles que asuman el mando.
4ª El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire seleccionará y decidirá cuáles son los vuelos prioritarios.
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El Gobierno decreta el estado de alarma
Rubalcaba anuncia que si los controladores no van a trabajar incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar
ABC
El vicepresidente primero del Gobierno Alfredo Pérez-Rubalcaba ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar que el Gobierno ha decretado el estado de alarma. Se trata de la primera vez que ocurre en nuestra democracia.
El estado de alarma va a durar un máximo de 15 días, aunque el gobierno espera que no dura tanto. Si hubiera que ampliarlo, habría que pedir una autorización de prórroga en el Congreso de los Diputados.
Los controladores, que serán informados de en qué situación se encuentran tras la declaración de esta situación, «pasan a estar movilizados» y, «si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal». «Estamos ante un grupo de trabajadores que se valen de su preeminencia en el control aéreo. El Gobierno no puede aceptar ni la defensa de esos privilegios, ni el chantaje a los ciudadanos», ha afirmado Rubalcaba.
Una comisión del Gobierno seguirá reunida ante la situación de crisis y volverá a comparecer este sábado por la tarde para informar a los ciudadanos.
El vicepresidente primero explicó que a la reunión del Consejo de Ministros anterior a su rueda de prensa se incorporaron el fiscal general del Estado y el abogado general del Estado.
El cierre de los espacios aéreos de Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias se ha ampliado hasta las 19.00 horas, han informado fuentes de varias compañías que operan en Barajas. Este punto ha sido confirmado por Rubalcaba en la rueda de prensa.
El pulso de los controladores aéreos al Gobierno, que atrapó este viernes a unos 250.000 pasajeros en los aeropuertos españoles del puente de la Constitución, comenzó ayer cuando el 90% de los controladores dejaron su puesto de trabajo.
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¿Qué es el estado de alarma? Sería la primera vez en democracia que el Gobierno declara este supuesto de excepcionalidad al orden establecido en la Constitución española
PATRICIA CAMPELO PUBLICO
El estado de alarma consiste en un caso supuesto de excepcionalidad en el que determinadas circunstancias hacen imposible que las autoridades públicas mantengan la normalidad. Se trata de la primera vez en democracia que el gobierno declara su adopción.
El conflicto provocado tras las "bajas masivas" presentadas por los controladores para ausentarse de sus puestos de trabajo y que ha llevado a la cancelación de vuelos en todo el espacio aéreo español ha empujado al Gobierno a tener que barajar la posibilidad de declarar el estado de alarma, deliberación que se ha hecho efectiva en un decreto aprobado tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
La duración máxima del estado de alarma es de 15 día, aunque se puede prorrogar
El estado de alarma es el supuesto de menor gravedad dentro de los tres posibles que contempla la Constitución española, que cumple 32 años el próximo lunes, y que se regulan por ley orgánica de 1981 (Ley Orgánica 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio).
Los supuestos en los que cabe su declaración son graves alteraciones del orden público de diferente índole, como epidemias, contaminaciones, terremotos, inundaciones e incendios de gran magnitud y la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Este último caso es el que podría propiciar la declaración del estado de alarma, ya que, en el caso del conflicto con los controladores, no se está garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, límite constitucional al ejercicio del derecho a huelga y a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Podrían ir a la cárcel
La consecuencia más inmediata de la declaración de este estado, es que los controladores "pasarán a disposición judicial e irán a la cárcel" si no se incorporan a sus puestos de trabajo, tal y como ha explicado esta mañana la ministra de Economía, Elena Salgado, en declaraciones a la cadena Ser. Según la ministra, este situación, "restringe ciertas libertades individuales", y su resolución dependerá del grado de incorporación de los controladores a sus puestos de trabajo.
Salgado: "Si no se incorporan, pasarán a disposición juducial"
El Gobierno es el competente para declarar el estado de alarma mediante decreto del Consejo de Ministros y dando posterior cuenta al Congreso, que tendrá que reunirse de urgencia si quiere prorrogar el plazo de 15 días, duración máxima del estado de alarma.
El decreto deberá contener el ámbito territorial al que se extienden los efectos del estado de alarma y los efectos que tendrá y mientras esté en vigor, no puede disolverse el Congreso de los Diputados, al que se transmitirá inmediatamente la decisión adoptada hoy por el Gobierno, tal y como establece la norma que regula este supuesto.
Ningún derecho fundamental de los establecidos en la Constitución podrá suspenderse por la declaración del estado de alarma.
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El Gobierno aprobó este viernes por decreto la militarización del control aéreo
El ministro de Fomento, José Blanco, ha dado una hora a los representantes del sindicato USCA, que agrupa al 97% de los controladores, para que depongan su actitud y vuelvan a sus puestos de trabajo de forma inmediata, y anunció que a las 21.30 horas entrará en vigor un real decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros, que permite a los militares tomar el control de las torres de control aéreo español.
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
En rueda de prensa, advirtió que a las 21.30 horas entrará en vigor el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que ratifica que el límite de su jornada laboral es de 1.670 horas, y que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras pedir "disculpas" a los ciudadanos que no puedan viajar en pleno puente de la Constitución como consecuencia de la "actitud y chantaje" de los controladores, advirtió que si el colectivo, al que ha convocado a una reunión, no depone su actitud "en los próximos minutos" seguirá adoptando todas las "decisiones que correspondan".
"El Gobierno ha activado todos los mecanismos ante esta situación de extrema gravedad, que ha comunicado a todas las fuerzas políticas", afirmó Blanco, quién indicó que el gabinete de crisis constituido por Fomento y por el Ministerio de Defensa sigue activo.
Blanco, quien tachó de "intolerable" la actitud de los controladores, insistió en que si "no deponen su actitud" y se "incorporan inmediatamente" a sus puestos de trabajo "activará las medidas extraordinarias necesarias, incluidas las aprobadas este viernes".
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MOVILIZACIÓN CONTRA LAS PRIVATIZAVIONES AÉREAS
(Telesur/Kaos) Los controladores aeroportuarios españoles abandonaron este viernes sus puestos de trabajo en los principales terminales del país tras el anuncio del Gobierno español de privatizar en 30 por ciento los aeropuertos y regular las jornadas laborales. El espacio aéreo de Madrid (capital) y otra ciudades de la nación permanece cerrado.
El organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), explicó que se trata de un abandono masivo se ha producido en los centros de control aeroportuarios.
Los aeropuertos de Madrid-Barajas, así como los de Galicia, Palma de Mallorca, Ibiza, y Menorca, en las turísticas islas Baleares estarán cerrados y sólo permitirán el aterrizaje de los aviones que se encuentren en vuelo.
El presidente de AENA, Joan Lema, anunció que hará una declaración ante los medios de comunicación sobre los "problemas causados por la actitud de los controladores" aéreos.
La corresponsal de teleSUR en España, Hilda Salas, informó que “un conflicto laboral por el máximo de horas aeronáuticas de mil 600 por año y que ahora deben trabajar mil 700” según el decreto ley aprobado este viernes en consejo de Ministros “no ha agradó a los controladores”.
Los trabajadores mostraron su indignación porque dentro de esas horas anuales no se computarán los permisos sindicales, las horas imaginarias y las licencias y ausencias por incapacidad laboral, así como las reducciones de jornada.
Frente a la ausencia masiva en los centros de control, el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, ha pedido calma y serenidad al colectivo. "Lo que hace el decreto es corregir una vez más los defectos de una ley que pidió AENA y que se la dieron mal hecha", agregó el presidente del sindicato.
Señaló que “gran cantidad de pasajeros se encuentran retenidos” en los principales aeropuertos de la nación europea ante esta situación.
Salas indicó que el Ministerio de Fomento de España ha “acusado a los controladores de cometer un delito al secuestrar a los pasajeros” que se encuentran en los espacios aéreos.
La corresponsal de teleSUR reportó que funcionarios del Gobierno español se encuentran sesionando en una reunión especial y que desde ya se han anunciado que las medidas a tomar podrían ir desde despidos para garantizar el normal funcionamiento de los aeropuertos.
El Gobierno de España aprobó este viernes nuevas medidas económicas para intentar frenar la crisis financiera que afecta a la nación europea tras la recesión de 2008.
Entre el paquete de ahorro está rebajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos y loterías, así como la fiscalización sobre el tabaco.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía de España señaló que el modelo de la gestión aeroportuaria será reformado, creando una sociedad estatal y un marco jurídico más adecuado.
Aseguró que a través de la reforma del modelo de gestión aeroportuaria se va a permitir la entrada de capital privado siempre de carácter minoritario.
Este miércoles, el jefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que se abren a la gestión privada los dos principales aeropuertos de España, Madrid y Barcelona, mediante la creación de sociedades específicas dependientes de la sociedad pública Aena-Aeropuertos.
Ante el anuncio de las medidas adoptadas por el jefe del Gobierno de España, los partidos políticos y sindicatos españoles rechazaron el paquete económico, consideran que con “está batería de propuestas se pretende justificar los ataques especulativos a la deuda española”.
Penas entre 8 y 10 años de prisión
Que el Gobierno militarice el trabajo de los controladores aéreos supone que éstos queden sometidos a las órdenes de la autoridad militar que es de obligado cumplimiento. En caso de éstos las incumplan, podrían incurrir en delito de "sedición", informaron en fuentes militares.
En caso de desobediencia, se podría aplicar el artículo 544 del Código Penal, en el que se define el delito de "sedición". Este artículo afirma que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Este delito está castigado con entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
"Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.
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Zapatero firma la orden que permite a los militares tomar el control del espacio aéreo.
Se comienzan a reincorporar los controladores del turno de noche y El Prat va volviendo a la normalidad
El gabinete de crisis prepara otro texto y está previsto que comparezca Rubalcaba para explicarlo
AENA y Fomento podrán reclamar los gastos de los pasajeros a los controladores y demandarles por sedición
El Gabinete de crisis que se encuentra reunido en el Ministerio de Fomento está preparando un nuevo decreto, tras el ultimatum dado a los controladores aéreos para que se incorporen a sus puestos de trabajo. Por esa razón, la última hora es que al menos en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, la mitad de los controladores del turno de noche se han reincorporado.
Más de la mitad de los controladores del aeropuerto del Prat de Barcelona se han incorporado a partir de las 22.00 horas a sus puestos de trabajo, con lo que el aeródromo ha reiniciado su actividad, informaron fuentes del Ministerio de Fomento. En concreto, se están restableciendo progresivamente todos los vuelos del aeropuerto de Barcelona, menos los que van a Madrid y a Baleares.
El Gabinete de Crisis debate ahora qué hacer con los que no habían cumplido la petición de reincorporarse. La previsión es que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, realice una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la decisión que adopte el Gabinete de Crisis.
Pese a todo, el presidente Zapatero ha firmado poco antes de las 23.00 horas la orden que permite a los militares tomar el control del espacio aéreo español, como medida de firmeza.
La militarización del control aéreo
Los militares podrán ejercer el control de las torres de los aeropuertos españoles desde las 21.30 horas, en virtud del Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, según ha informado el Ministerio de Fomento. En un comunicado, Fomento explica que el Gobierno ha aprobado "medidas adicionales para garantizar la seguridad y la continuidad de los servicios de control aéreo".
En concreto, el Real Decreto aprobado por el Gobierno este viernes incluye dos medidas principalmente. La primera es que los servicios médicos de AENA podrán determinar si un controlador está o no capacitado para el ejercicio de sus funciones. La segunda medida incluida en el Real Decreto es que "el presidente del Gobierno podrá encomendarse al Ministerio de Defensa para que los militares puedan ejercer el control de las torres".
Artículo 409 del Código Penal
Dice así:
"A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".
El Decreto aprobado por el Gobierno
En el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, el Gobierno ha dado una nueva redacción al apartado 4 del artículo 34 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, lo que permite la militarización del control aéreo.
La primera normativa se refiere a las bajas médicas:
"Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. El personal de control al servicio de la Entidad Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea», que aprecie dicha circunstancia, deberá someterse de manera inmediata a reconocimiento por parte de los Servicios Médicos que facilite la Entidad, quienes verificarán la concurrencia de la misma, y determinarán si ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de trabajo".
Además, se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que quedará redactado en los siguientes términos:
"La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control. Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar".
"La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control. Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar".
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