El corrupto negocio de los cursos de formación vuelve a destapar otro escándalo: un juzgado considera que UGT y Fundescan “son la misma cosa”, con lo que el sindicato debe asumir sus deudas, entre otras el despido de 160 trabajadores a quien no se abonó ni indemnizaciones ni salarios.
Kaos. Laboral y Economía
El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Las Palmas dictó, la pasada semana, el embargo preventivo de las cuentas y bienes de la central socialista por 9 millones de euros.
A UGT le crecen los problemas en plena refriega con la reforma laboral. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Las Palmas dictó, la pasada semana, el embargo preventivo de las cuentas y bienes de la central socialista por 9 millones de euros, al ser declarada responsable de la gestión de Fundescan, una fundación creada en 1996 en Canarias para mediar ante la Administración en los cursos formativos a desempleados.
El magistrado considera que UGT y Fundescan “son la misma cosa”, con lo que el sindicato asume en su totalidad la deuda que la fundación tiene contraída con la Seguridad Social, La Caja de Canarias y la plantilla de trabajadores, formada por 160 personas que fueron despedidas el pasado año sin abonar indemnizaciones ni salarios.
Los administradores concursales (entre otros, Montero y Aramburu) solicitaron al juez el embargo preventivo de la UGT para saldar los débitos. En este sentido, el Juzgado eximió a los gestores de Fundescan, cuya defensa correspondió a Garrigues y Asociados.
En la actualidad, Fundescan está inactiva. Los cursos formativos los imparte directamente UGT-Canarias, aunque su funcionamiento es desde hoy una incógnita. Fuentes sindicales consultadas por EXPANSIÓN aseguran que la estructura insular carece de fondos y patrimonio para afrontar la condena, con lo cual la federal deberá asumir “parte o todo de los 9 millones”.
Los impagos de Fundescan se remontan a 2004, cuando el sindicato acordó ampliar la plantilla en la fundación tras convertirse en uno de los principales centros colaboradores de la formación en Canarias. En una década gestionó cursos por valor de 30 millones de euros, pero la diversificación en programas de asistencia por violencia de género o desarrollo en el exterior (Cuba y Cabo Verde), acabaron por socavar los cimientos de gestión.
Más líos
El sindicato UGT tiene más frentes abiertos. Su rama de los trabajadores autónomos, UPTA-UGT, se ha colado en el Consejo estatal de los autónomos gracias a la sospechosa ayuda del Ministerio, pese a ser una asociación minoritaria.
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