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martes, 28 de mayo de 2019

Cinco trabajadores pierden la vida en tan solo tres días

Por Kaos. Laboral y Economía
Cuatro operarios han muerto en accidentes laborales en Loiu, Zeanuri, Zarautz y Zestoa. Por otro lado, un trabajador de la compañía CAF (Irun) ha fallecido a consecuencia de su exposición al amianto.
Cinco trabajadores han perdido la vida en tan solo tres días esta semana en Euskadi. Las muertes se han producido el lunes, martes y miércoles.
Este miércoles un trabajador de 46 años ha muerto en un accidente laboral que ha tenido lugar esta tarde en Loiu (Bizkaia), en la empresa Aceros Olarra. El hombre estaba trabajando con una grúa y palés de ladrillos y ha quedado atrapado. Según ha detallado el sindicato LAB en la red social Twitter, el operario fallecido trabajaba en una subcontrata.
También este miércoles un camionero ha fallecido tras una colisión entre dos camiones en la carretera N-240 en Zeanuri, en la subida al puerto de Barazar.
Uno de los vehículos ha comenzado a arder y, posteriormente, el fuego se ha propagado al segundo. El conductor de uno de los camiones ha quedado atrapado y ha fallecido varias horas después. El segundo también ha sufrido heridas de pronóstico reservado.
El martes un trabajador de la planta que la compañía CAF tiene en Irun (Gipuzkoa) falleció a consecuencia de su exposición al amianto, ha informado este miércoles el Comité de Empresa.
El pasado lunes dos trabajadores fallecieron en dos accidentes laborales que se registraron en las localidades guipuzcoanas de Zestoa y Zarautz.
El accidente mortal de Zarautz ocurrió al caerse la grúa-torre en la que trabaja la víctima. El operario de 31 años de edad se precipitó desde una altura de 30 metros y falleció en el acto. Addemás, la grúa cayó sobre una caseta y otra persona resultó herida.
En Zestoa, murió un trabajador al caerle encima un árbol mientras realizaba labores de tala en el monte Santa Engracia.
ELA: “Tenemos claro que detrás de las muertes está la precariedad”
El responsable de Salud Laboral de ELA, Pello Igeregi, ha denunciado el aumento de la siniestralidad laboral en los últimos años, como consecuencia de la “precariedad, ya que no se  está cumpliendo la Ley de Prevención, no se están poniendo medios en el ámbito de la seguridad en las empresas y la consecuencia son estas muertes”.
Según ha indicado, esta semana es un “buen ejemplo de cómo ocurren los accidentes de trabajo, ya que tres de las cuatro muertes de esta semana han sido en empresas subcontratadas”. “Tenemos claro que detrás de las muertes está la precariedad y se ha visto esta semana. Se repiten muertes por atrapamiento de máquinas, caídas en altura y en trabajos forestales”, ha lamentado.
CCOO de Euskadi ha calificado de “dramática” la semana actual en la que se han registrado cuatro accidente laborales mortales en sus tres primeros días, en Bizkaia y Gipuzkoa.
La central ha lamentado “profundamente” estos accidentes laborales en un comunicado. CCOO ha reclamado que “el atajar el drama de los accidentes de trabajo se convierta de una vez por todas en prioridad para las administraciones públicas y que las empresas se preocupen de implantar medidas preventivas para que no se produzcan”.
La Federación de Industria de UGT-Euskadi (FICA) ha denunciado el repunte que ha sufrido esta última semana la siniestralidad laboral. Ante este repunte de la siniestralidad, UGT-Euskadi ha exigido a las administraciones que fortalezcan las políticas de prevención de accidentes laborales en la Comunidad, así como “revertir la precariedad que se ha instalado en las empresas y la falta de derechos que ha generado la reforma laboral para prevenir la lacra de los accidentes laborales”.
Además, ha reclamado a las administraciones una “mayor vigilancia y control” sobre las empresas, principalmente en aquellos trabajos subcontratados, por lo que deben ser “más rigurosas con la evaluación y prevención de los riesgos en el lugar donde se llevan a cabo los trabajos”.


(Vídeo) Así queman los colonos israelíes las tierras de los palestinos

La organización B’Tselem ha difundido un vídeo en el que se puede ver cómo dos colonos israelíes prenden fuego a tierras palestinas.


No olvidemos la situación del pueblo saharaui, su exilio en el desierto

Por Redacción R.D.
No olvidemos la situación del pueblo saharaui, su exilio en los campamentos de refugiados en Argelia, la división del Sáhara Occidental por 2750 Km de muro y por millones de bombas y minas antipersonas que siguen causando víctimas. Los gobiernos responsables y culpables de España deben recuperar la cordura y dejar de un lado los […]
No olvidemos la situación del pueblo saharaui, su exilio en los campamentos de refugiados en Argelia, la división del Sáhara Occidental por 2750 Km de muro y por millones de bombas y minas antipersonas que siguen causando víctimas.
Los gobiernos responsables y culpables de España deben recuperar la cordura y dejar de un lado los “malditos” intereses económicos.
Dejad de ser unos “miserables” “mercenarios” de los recursos naturales de todo un país y la libertad de todo un pueblo, el pueblo saharaui. Ha denunciado Francesc (simpatizante con la lucha saharaui) en su cuenta de facebook.
Los refugiados saharauis comenzaron a llegar a los campamentos saharauis, al oeste de Argelia, desde mediados de los años 70. Allí se construyeron una buena parte de los campamentos.
Han organizado un estado en el exilio. Casi toda la población vive en jaimas o en construcciones de adobe,sin servicios de agua potable y con total falta de medios de subsistencia en medio de un lugar remoto en donde las temperaturas en estos días alcanzan fácilmente los 40 grados y a veces hasta superan los 50.
Actualmente existen cinco campos de refugiados (wilayas) distribuidos por toda la región: Auserd, Dajla, El Aaiún, Bojador y Smara. La capital administrativa es Rabuni donde se encuentran los servicios de administración, presidencia y ministerios. Entre cada wilaya existen entre unos 20 ó 50 kilómetros de distancia, excepto Dajla que está a unos 190 kilómetros. Cada wilaya se divide en pequeños grupos de población llamados ‘dairas’ y a su vez cada ‘daira’ está compuesta por 4 barrios. En cada ‘daira’ una guardería y una escuela primaria.

Aunque la cifra varía año tras año, aproximadamente se calcula que en la actualidad estos campos acogen a más de 200.000 refugiados. La crisis humanitaria desatada tras la ocupación de esta zona es una de las más duraderas de la historia.

La población más afectada por la situación es la de la 3 edad, niños y mujeres con anemia y desnutrición. Cada mes las familias reciben una cantidad de alimentos básicos y de primera necesidad, pero no es del todo suficiente, por lo que La ayuda humanitaria internacional es vital e importante.
La sanidad también es un punto débil, por ello muchos saharauis se están formando para ser auxiliares de enfermería y se han construido varios hospitales y clínicas para proporcionar los servicios básicos y paliar la situación. Gracias a estas acciones, cada vez son menos los casos de malnutrición y enfermedades gracias a las políticas de alimentación y salud adoptadas.
Marruecos, quien ocupa el territorio que no les pertenece, es el responsable de que en los últimos 27 años no haya ningún progreso para garantizar el retorno de estas familias a su propia tierra. Es más, dificultan la atención diaria y la asistencia básica, en especial de niños, mujeres embarazadas y ancianos.
Aunque los refugiados buscan cada día nuevas formas de subsistencia, la perspectiva que impera en los campos es una sola: la espera. La paciencia empieza a agotarse en los campamentos, especialmente entre los más jóvenes. La falta de horizonte es asfixiante: la gran mayoría tienen estudios secundarios, algunos incluso son licenciados y/o doctorados en Argelia, España o Cuba. Pero en Tindouf muy pocos pueden poner en práctica sus conocimientos. El margen de maniobra es tan limitado, que dependen casi en exclusiva de lo que les proporcionan los equipos de atención y las ayudas humanitarias.

Los empleos a los que tienen acceso son precarios y los salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades. En los alrededores no proliferan las opciones laborales,por lo que algunos han tenido que adentrarse en Argelia o, en otros casos, migrar a países como España y Cuba entre otros desde donde envían remesas que suponen una valiosa fuente de ingresos para algunas familias. A pesar de ello, solo unos pocos lo consiguen.

La economía de los campos de refugiados depende en gran medida de la cooperación internacional, que en la actualidad ha disminuido por la aparición de otras crisis humanitarias.

Vivienda pública La Justicia reabre el caso contra el Gobierno de Botella por vender vivienda pública a un fondo buitre

La Audiencia Provincial acepta los recursos de los inquilinos de las viviendas, del PSOE y de la empresa municipal de vivienda contra el archivo del pasado enero. investiga malversación, fraude y prevaricación. El Tribunal de Cuentas ya condenó a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo a pagar 23 millones de euros por malvender estas viviendas.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella/ EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).
En un auto, fechado el pasado 27 de mayo, la Audiencia estima los recursos presentados por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS; por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, y por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) contra el auto del pasado 23 enero, dictado por el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que dispuso el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa
Con esta nueva decisión se busca agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados. Estos son Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda (del fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor case de España), por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos realizada en 2013.
Ya un auto de septiembre de 2017 acordó la reapertura de las diligencias previas, también archivadas, a raíz de la presentación del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 30 junio 2016 y que se centraba en los ejercicios 2012 y 2013, bajo un mandato del PP.

Condenados por el Tribunal de Cuentas

Esta operación ya le costó el pasado diciembre a la exalcaldesa y parte de su equipo una condena por parte del Tribunal de Cuentas. Botella y siete miembros de su Gobierno están condenados a pagar 23 millones de euros. Concretamente vendieron 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, según el Tribunal de Cuentas. Los implicados han recurrido esta decisión, aunque ahora la justicia ordinaria sigue examinando con lupa aquella decisión.
En el informe de la Cámara de Cuentas se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.
No existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada
A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.
Y destacaban igualmente que había sido el comprador y no la EMVS la que fijó el precio de la venta de las viviendas, un importe "objetivamente inferior al precio que podía obtenerse e incluso al mero valor contable de las viviendas". El informe de la Cámara de Cuentas también hacía mención a los 2,3 millones de euros destinados al pago de dos facturas de una sociedad intermediaria en las operaciones de compra-venta "que no sólo no resultaría necesaria sino que no existe otra constancia de la intermediación que la aparición de las propias facturas".

Una gestión fuera de regulaciones en la EMVS

En el auto, la Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera aplicables a las operaciones en las que intervino "pues no aplicó las prevenciones de derecho público exigibles".
La Audiencia Provincial hace mención a que Oslé pudo incumplir las normas reguladoras de la gestión económico-financiera
"Además, permitiendo el pago a la empresa intermediaria por prestaciones que no tenían cobertura jurídica ni está probado que se ejecutaran, y el cobro por la venta de inmuebles por un precio inferior al mínimo jurídicamente aceptable, la actuación del demandado produjo un daño real y efectivo, económicamente evaluable e identificado en unos bienes públicos concretos"
La actuación de Oslé "está incursa, al menos, en negligencia grave pues ni se atuvo al canon de diligencia cualificado exigible en la gestión de fondos públicos, ni agotó los medios a su alcance profesional para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio público puesto a su cargo".
La Audiencia Provincial no desconoce que el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas es diferente del penal aunque no descartan "la existencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Oslé.
"Existen indicios suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", añaden. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Banco Santander abre la negociación del ERE con un recorte de indemnizaciones

El banco plantea una cicatera oferta que reduce a un año y medio de sueldo la indemnización de los menores de 55 años y a doce meses la de los mayores de 63 en las consultas del ERE, a las que ha añadido traslados de hasta 400 kilómetros.
Santander comienza estos días la negociación de su tercer ERE en tres años.

Banco Santander ha abierto las consultas para la negociación del despido colectivo de 3.713 de sus 29.948 trabajadores, que este martes tuvieron la segunda reunión, con una propuesta de indemnizaciones mucho más ajustada que la que acabó aceptando en su último ERE, cerrado hace poco más de un año.
Entonces, los menores de 50 años se llevaron 40 días por año trabajado; los de 50 a 54, el 80% del sueldo de ocho años, y los de 55 a 62, el 80% del salario hasta cumplir los 63; en los dos últimos casos, con dos años de paso por el desempleo a cuenta del Estado y con la cobertura del convenio especial con la Seguridad Social.

Ahora, según la propuesta que este martes ha formulado la dirección de la entidad a los sindicatos, los menores de 52 años saldrían de la entidad con un máximo de 18 meses de salario a 33 años por meses trabajado, los mayores de 62 la dejarían exactamente con la compensación máxima que contempla la reforma laboral: veinte días por año trabajado con el límite de una anualidad. Los de 53 y 54, por último, ingresarían el 60% de la nómina de seis ejercicios, con los pagos limitados a 350.000 euros.
El banco propone que los de 55 a 57 reciban el 65% del salario hasta que cumplan los 63 mientras los de 58 a 61 percibirían el 70%
El banco propone que los de 55 a 57 reciban el 65% del salario hasta que cumplan los 63 mientras los de 58 a 61 percibirían el 70%, también con un paso de dos años por el desempleo y con el pago del convenio. No recibirían esas cantidades en forma de renta de prejubilación, que obliga a tributar en el IRPF, sino como indemnización de despido prorrateada por meses, fórmula que está exenta en las cantidades inferiores a los 45 días por año trabajado y a las 42 mensualidades.
A esas cantidades se les suma una prima, todavía no cuantificada por la entidad financiera, por presentarse voluntarios para los despidos entre quienes no hayan cumplido los 55 años.

Despedir con beneficios

Fuentes sindicales mostraron su esperanza en poder elevar la cuantía de esas indemnizaciones y en poder reducir el número de afectados durante las sesiones de negociación del Expediente de Regulación de Empleo.
Por otro lado, sindicatos como UGT y CGT mostraron su rechazo a la propuesta de despido colectivo de la empresa, ya que esta sigue obteniendo beneficios (1.738 millones el año pasado en España, 403 más de enero a marzo) y la plantilla cuenta con más de 5.000 trabajadores mayores de 55 años.
"Hay margen más que suficiente para evitar los despidos y efectuar las salidas mediante prejubilaciones", señalan desde CGT
"Hay margen más que suficiente para evitar los despidos y efectuar las salidas mediante prejubilaciones", señalan desde CGT. "En una gran empresa con altos beneficios y miles de empleados mayores de 55 años en su plantilla, cualquier ajuste debería hacerse a través de un plan de prejubilaciones a medio plazo y no con un ERE", mantienen en UGT.
Sin embargo, no parece que la empresa se muestre abierta a cambiar de planteamiento. De hecho, los representantes sindicales se encontraron este martes en la mesa con la sorpresa de que, junto con las bajas, Santander plantea aplicar medidas de movilidad geográfica (traslados). Para reducir el número de bajas, sostiene el banco. Para presionar a los trabajadores a aceptarlas como voluntarios, interpretan los sindicatos.

Traslados de hasta 400 kilómetros

El convenio colectivo de Santander ya contempla el traslado de trabajadores a puestos situados hasta a 75 kilómetros del que ocupan. Ahora, la empresa propone dos nuevos formatos: uno de 76 a cien, con una prima de 6.000 euros y el pago del kilometraje por el banco durante seis años, y otro de 101 a 400, que podría afectar a un centenar de empleados que verían aumentado su salario entre un 10% y un 15% durante ocho años.
El convenio colectivo de Santander ya contempla el traslado de trabajadores a puestos situados hasta a 75 kilómetros
Esos traslados, que incluyen desplazamiento como de Madrid a Ponferrada (León), de Sevilla a Béjar (Salamanca) o de Valencia a Almazán (Soria), se ejecutarían desde la firma del ERE hasta el 31 de marzo del año que viene.
Por último, quedarían a salvo de los efectos del ERE varios grupos de empleados siempre que esas condiciones les hubieran sido reconocidas antes del inicio del proceso negociador el pasado 8 de mayo.
Se trata de los trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%, quienes tengan hijos en esa situación, las víctimas de violencia machista, quienes tengan reducción de jornada por el cuidado de descendientes con enfermedades graves y los que se encuentren en excedencia. Solo uno de los miembros de matrimonios y parejas de hecho podría ser despedido.