La campaña de señalamientos públicos por parte de activistas
antidesahucios a diferentes políticos madrileños ha sacado de nuevo a la
luz supuestas divisiones entre activistas. Sin embargo, la lucha por el
derecho a la vivienda en la capital es más diversa y está más
cohesionada de lo que parece.
Activistas
por el derecho a la vivienda de Madrid, durante el escrache en la feria
de San Isidro a los candidatos de Ciudadanos por rechazar la ILP de
vivienda de la PAH.- PAH MADRID
Todo empezó en la pradera
de San Isidro. Decenas de activistas por el derecho a la vivienda de
Madrid y afectados por desahucios derivados del impago de hipoteca o
alquiler realizaron un escrache a la candidata de Ciudadanos a la
Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís. Rápidamente, la mayoría de medios e incluso adversarios políticos se solidarizaron con la concejala naranja,
que estaba a punto de dar a luz. Las razones del escrache no eran
diferentes a las de la primera campaña de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) en 2013 a los políticos que votaron en contra
de tramitar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
el movimiento elaboró y presentó con el aval de más de un millón y medio
de firmas para paliar el drama más descarnado de la última crisis
económica.
En Madrid, en 2017, ocurrió lo mismo con la iniciativa legislativa, aunque a nivel autonómico. Ciudadanos y PP impidieron
que la única ley de vivienda autonómica que alguien ha puesto sobre la
mesa en la Comunidad no fuera ni siquiera debatida ni votada. Con más de
75.000 firmas, la PAH de Madrid y otros colectivos promotores se
quedaron a las puertas de la Asamblea con el trabajo de más de un año
tirado a la papelera. Tras lograr que PSOE, Más Madrid y Podemos
se comprometieran por escrito a llevar de nuevo la actualizada ILP
autonómica sobre vivienda al primer pleno tras las elecciones, los
colectivos promotores anunciaron que protestarían contra los únicos
partidos (PP y Cs) que rechazaron la propuesta, que sólo pasa por
debatir y votar.
Sin embargo, los medios sólo recogieron que Villacís,
en avanzado estado de gestación, había sido “víctima” de un escrache,
de persecución y de intimidación; olvidando de nuevo que son
precisamente las víctimas las que participan y organizan los escraches y
que los tribunales ya dejaron claro que este tipo de protestas están amparadas en los derechos de libertad de expresión y manifestación.
No fue en la puerta de su casa, sino en un acto de campaña electoral, y
Villacís no fue la única señalada —de hecho, precisan varios miembros
de la PAH Madrid, el objetivo era el candidato de Cs a la Comunidad de
Madrid, Ignacio Aguado—. Los activistas también han hecho lo mismo con la alcaldesa, Manuela Carmena, durante sus actos de campaña, por ejemplo, sin que los grandes medios ni los partidos políticos levantaran tanto la voz.
La polémica subió de tono cuando diversos medios se
hicieron eco de que no todo el movimiento por la vivienda de Madrid
apoyaba estas acciones, y citaban a la “PAH Madrid”,
una escisión de la plataforma que, desde 2016, maneja las redes
sociales y las cuentas de correo de lo que fue inicialmente este
colectivo. Se trata de un grupo de activistas que, según fuentes de la
PAH, no cuenta con el respaldo de la plataforma a nivel estatal y que
van al margen de las decisiones y líneas de actuación de las diferentes
plataformas antidesahucios de la región, organizadas en la Coordinadora
de Vivienda de Madrid. Este grupo se desmarcó de la campaña de escraches
y criticó que los activistas pusieran el foco en una mujer embarazada,
aunque recordaba que no han sido precisamente pocos los desahucios en
los que se ha dejado en la calle a mujeres con niños recién nacidos o
cercanas al parto.
Quién es quién
Fuera ya de la polémica, lo que ha puesto de
manifiesto este recurrente episodio es que los actores que dan la
batalla contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la
vivienda de Madrid son varios y se entremezclan, autónomos pero
intercomunicados; en continua transformación ante fenómenos nuevos y
con varias luchas comunes en torno a uno de los principales problemas
para los madrileños: poder acceder a una vivienda en un contexto de
salarios a la baja y precios disparatados. Entre los organizadores de
los escraches estaban las diferentes PAH de la Comunidad de Madrid,
agrupadas en la Coordinadora de Vivienda, el Sindicato de Inquilinos e
Inquilinas de Madrid, el colectivo Lavapiés, ¿dónde vas? o la Plataforma
de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Cada colectivo
se centra en un área, pero todos comparten espacios y, a veces,
estrategias.
Una década de la PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
nació en Barcelona en febrero de 2009, pero no fue hasta pasado aquel
fértil 15 de mayo de 2011 cuando tomó impulso. Con la actual alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, como portavoz, logró introducir el
discurso de que los desahucios por impago de la hipoteca no eran culpa
de los desahuciados, que no había derecho a perder una vivienda y
continuar pagando un deuda de por vida y que la crisis inmobiliaria era,
en realidad, una estafa. La PAH llevó al máximo exponente aquella frase
que se repite en cada asamblea de afectados, “no estás solo”. Hizo de
la paralización de desahucios en la misma puerta de la casa una seña de
identidad del colectivo que comenzó a proliferar en todas las ciudades
españolas. Tras una década de vida y más de 50.000 desahucios
paralizados, actualmente hay más de 250 nodos organizados según
territorios (ciudades, pueblos y barrios) que se encargan de protestar,
asesorar, mediar y denunciar situaciones de vulnerabilidad.
Coordinadora de Vivienda de Madrid
Las diferentes PAH territoriales, explican
diferentes activistas, se organizan regionalmente en coordinadoras que
reúnen también a otros grupos surgidos del 15-M, como los colectivos
Stop Desahucios. De hecho, en algunas ciudades y barrios madrileños no
existe una PAH, sino un colectivo Stop Desahucios. Tienen reuniones
semanales donde deciden las líneas de actuación, las acciones de
denuncia y planean los acompañamientos a afectados. La madrileña
está formada por la PAH de Madrid, la de sus distintos barrios y
distritos, además de las comisiones de vivienda surgidas del 15-M que
dieron lugar a los grupos Stop Desahucios del 15-M.
También se integra la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), que nació en 2013
como respuesta a los desahucios en viviendas sociales de las empresas
públicas del Ayuntamiento (EMVS) y de la Comunidad (AVS, antiguo IVIMA),
y ha sido y es punta de lanza en la pelea judicial contra la venta de
miles de viviendas sociales a fondos buitre por parte de los Gobiernos
del PP, recuerda la abogada Alejandra Jacinto, que comenzó participando
en esta plataforma y, actualmente, es portavoz de la PAH en Madrid.
“Todo está interconectado, muchas personas participan en diferentes
colectivos y todos nos ayudamos cuando hay un conflicto concreto”,
desarrolla.
Si bien la PAH comenzó al calor de los desahucios
por impago de hipoteca, “hay muchos casos que están suspendidos por las
resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia sobre cláusulas abusivas en las hipotecas y también por la moratoria que introdujo en 2013 del Gobierno del PP”, apunta Jacinto, que destaca que eso “no ha hecho que deje de haber desahucios”,
ya que el aumento de los precios de los alquileres también está
“colocando el número de desahucios en los peores niveles de las crisis,
según los datos del poder judicial”, añade. Por eso, desde hace años,
la mayoría de desahucios que la PAH ha intentado paralizar eran
derivados del impago del alquiler, puntualiza.
Lavapiés, ¿dónde vas?
En primavera de 2016 nació el colectivo Lavapiés, ¿dónde vas?,
un espacio de confluencia entre personas que ya militaban en diferentes
colectivos sociales. “Fue una respuesta a la deriva que iba tomando el
barrio desde hacía años, donde la llegada de nuevos agentes han
modificado y siguen modificando la forma de vida de los vecinos”,
explica Fernando Bardera, miembro del colectivo. En resumen, se creó
como reacción a procesos como la gentrificación, la turistificación
y la consolidación de la hostelería y la precariedad que traen
aparejadas y terminan por expulsar de sus barrios de toda la vida a los
vecinos.
"Nacimos contra fenómenos como la gentrificación o turistificación, que cambian la vida en los barrios"
En materia de vivienda, uno de los primeros caballos de batalla fue la explosión de los llamados pisos de uso turístico en Lavapiés, lo que se conoce como efecto Airbnb.
“Son viviendas que salen del mercado del alquiler tradicional y reducen
la oferta, por lo que el precio aumenta”, resume. Pero también
denunciaron otro fenómeno que ya había causado estragos en otros barrios
como Malasaña. “Empresas o fondos de inversión compraban edificios
enteros para reformar los pisos y alquilarlos a mayor precio. Es un
problema actual muy grave de los centros de la ciudades y afecta tanto o
más que los alquileres turísticos”, expone. Lavapiés, ¿dónde vas? Quiso
visibilizar esta problemática “de forma más desenfadada” o
performativa. Por ejemplo, convocaron una satírica manifestación de turistas
que recorría el barrio con sus maletas con ruedas. “Pero también
podemos acudir a parar desahucios o participamos en los escraches a
políticos para que se debata la ILP de la PAH”, prosigue Bardera, que
también destaca que confeccionaron una base de datos de edificios
enteros comprados por una misma empresa en el barrio. La moratoria del
Ayuntamiento para conceder licencias a viviendas de uso turístico llegó
en parte “gracias a la denuncia y presión de este y otros colectivos”,
opina el activista.
Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid
Ante el aumento de los precios de los alquileres,
primero en el centro de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y,
más tarde, en otras zonas ya periféricas, cada vez más inquilinos se
encontraron sin posibilidad de alquilar y mucho menos de comprar en
zonas donde siempre había vivido un perfil concreto: jóvenes con
trabajos no muy bien pagados. Para denunciar esta deriva que ha recibido
el nombre de “burbuja del alquiler” nació el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en mayo de 2017. Lo hizo siguiendo el camino del Sindicat de Llogaters
de Barcelona. Fue un “llamamiento a la sociedad civil madrileña” que
“nace de la conciencia de muchos inquilinos que vimos que el único
recurso a nuestra disposición para acceder a una vivienda se nos estaba
dificultando demasiado”, explica Marina Rubio.
"Hemos visto subidas del precio del alquiler que no se corresponden con un aumento de los salarios"
El
Sindicato de Inquilinos denuncia “la fluctuación del precio del
alquiler por las leyes del mercado en un país donde el inmobiliario es
sólo un bien de inversión”, un negocio más que un derecho, especifica la
activista. “Hemos visto subidas del precio que no se corresponden con
un aumento de los salarios de la población. Así se ha convertido en un
problema muy extendido”, destaca.
El sindicato se reúne en asamblea cada 15 días para
estudiar los casos de los afectados que pasan por allí y tratar de
negociar con los propietarios para buscar soluciones que permitan a los
inquilinos mantener sus viviendas. Aunque también sirven para decidir
acciones de presión para lograr cambios legislativos. “Estamos
presionando junto a la PAH para reformar a nivel estatal la Ley de
Arrendamientos Urbanos para que protejan más al inquilino, pero también
apoyamos a nivel autonómico la Ley de la vivienda de la PAH de Madrid”,
desgrana Rubio.
La activista destaca la campaña “Nos quedamos”, una forma de “luchar contra lo que llamamos desahucios silenciosos,
es decir, inquilinos que tiene que irse a otra vivienda por subidas
abusivas del precio o porque el casero se niega a renovar el contrato”,
explica. Se refiere sobre todo a grandes tenedores de vivienda, fondos
de inversión o inmobiliarias. "Actuamos contra ilegalidades o contra
decisiones amparadas por la ley pero que consideramos que se deben
pelear", sostiene Rubio. Aunque el sindicato no se integra en la
Coordinador de Vivienda de Madrid, sus integrantes no descartan que
acaben confluyendo, ya que participan juntos en campañas como la de Bloques en Lucha, cuyo mayor exponen ha sido la batalla del edificio del número 11 de la calle Argumosa, en Lavapiés.
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