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viernes, 13 de junio de 2014

La huelga de Atento amenaza a su proceso de salida a Bolsa

Si no hay cambios de dirección, el próximo 23 de junio los empleados de Atento en España irán a la huelga. Además, hay convocadas diversas movilizaciones contra las actuales condiciones de trabajo. Los paros vienen en un momento de gran relevancia para la compañía, que hace pocas semanas puso en marcha el proceso de salida a Bolsa en Wall Street.
Y es que en el folleto de la salida a Bolsa, Atento sitúa a las convocatorias de huelga entre los factores de riesgo para esta operación.
La compañía indica que las interrupciones en el trabajo o las acciones colectivas de los sindicatos “podrían tener un impacto adverso en nuestros servicios”. De igual forma, señala que si la empresa falla en mantener las relaciones laborales con los empleados, podría sufrir una huelga, parones significativos en el trabajo u otra forma de acción industrial. Una situación que según indica la compañía en el citado folleto de OPV, “podría tener un efecto material adverso en nuestros negocios, en las condiciones financieras, en los resultados de las operaciones además de dañar nuestra reputación”.
La firma precisa que el 80% de su plantilla global está regida por los convenios colectivos, que se renegocian en plazos de entre uno y tres años en siete de los países donde tiene operaciones.
Atento, que fue adquirida por Bain Capital a Telefónica a final de 2012, se enfrenta ahora a un periodo de conflictividad laboral en España. Fuentes sindicales explican que tras la compra por Bain Capital se cambió de modelo empresarial, al pasar de uno basado en la información a otro en el que la compañía se dedica a las ventas. En este sentido, señalan que el conflicto laboral empezó en el verano de 2013, si bien el estallido entre ambas partes tuvo lugar en diciembre pasado.
En la huelga, convocada por UGT, CC OO, STC y USO, los sindicatos critican las actuales condiciones laborales entre las que figuran la escasez de tiempo entre llamada y llamada, la escasa formación para poder realizar las ventas y la falta de incentivos. Estas fuentes creen que con la entrada de Bain Capital se produjo un empeoramiento de las condiciones.
Fuentes oficiales de Atento no quisieron hacer comentarios sobre la convocatoria de huelga.
Atento, que tiene su sede operativa en Madrid, prevé captar cerca de 300 millones de dólares en la operación (unos 221 millones de euros). La empresa prevé usar los fondos captados para hacer pagos a otras filiales de Bain Capital o para devolver parte del crédito de 110 millones que le otorgó Telefónica en la operación de venta.

sábado, 7 de junio de 2014

Ni monarquía ni república burguesa sino contrapoder popular

por Pep Castelló
Pero que nadie se confunda, que nada vamos a cambiar mientras sigamos deseando lo mismo que veníamos deseando. El triunfo del capitalismo se basa tanto en el control de nuestras necesidades como en el de nuestros deseos. 
El gran público debiera saber que la mente de cada ser humano está condicionada para ver, sentir, pensar y actuar de un modo conveniente a los intereses de quienes la condicionaron. Y que los medios de que se vale el capitalismo para esclavizar la mente del pueblo son diversos, pero que todos ellos están presentes y activos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana.
Vivimos atrapados en un mundo que es una ratonera. Sueldo, trabajo, vivienda, escuela, espectáculos, medios audiovisuales, informativos... Miremos hacia donde miremos veremos la poderosa mano del capitalismo. Pocas cosas hay que escapen a sus tentáculos. ¿Cómo imaginar otra forma de vivir si todo cuanto vivimos está inmerso en esa nefasta ideología que destruye la humanidad y la naturaleza donde esta se asienta?
El descontento general es evidente. Los niveles de pobreza suben de forma alarmante. Los gobiernos recortan presupuestos en todos los servicios básicos para el pueblo y destinan gran parte de la hacienda pública a engrosar las arcas de los poderosos. El pueblo toma conciencia de que está sufriendo un atropello a gran escala organizado por los poderes estatales. Toma conciencia y protesta. Abundan las manifestaciones y cada día se incorpora más gente a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Defender lo justo es lo que ha hecho progresar a las sociedades desde formas de gobierno autoritarias hasta otras más respetuosas con la dignidad humana. Hemos abolido monarquías y hemos instaurado repúblicas. Hemos hecho leyes intencionadamente igualitarias, por más que en la práctica resulten las más de las veces discriminatorias porque, según reza el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”. Con la historia en la mano podríamos decir, sin duda alguna, que en los últimos siglos hemos progresado sensiblemente en justicia social. Pero el rumbo de ese progreso ha cambiado y en la actualidad la “trampa” aventaja a la “ley”. La justicia ha retrocedido espectacularmente y la dignidad humana se ve seriamente amenazada. Cabe preguntarse por el motivo de este retroceso. ¿Qué es lo que da ventaja a los tramposos?
No nos cabe duda de que la causa está en la colonización que el capitalismo ha hecho del pensamiento colectivo. Una colonización hecha a base de desinformación y represión. Leyes aparentemente progresistas filtradas por una línea de pensamiento profundamente liberal que han legalizado injusticias causantes de desigualdades sociales. El control de los medios de difusión por las capas de población privilegiadas ha difundido sin parar mentiras y medias verdades favorables a los intereses del poder establecido. Y muy por encima de todas esas herramientas de opresión, el control del dinero, en función del cual se desarrolla la forma de vida que se sigue en prácticamente todo el planeta Tierra.
La dependencia que los humanos tenemos del dinero marca todo nuestro modo de pensar y sentir. Su escasez nos angustia. Su carencia puede acarrear nuestra muerte. De ahí que lo adoremos y que adoremos todo cuanto representa su tenencia, tal como autos caros, lujo burgués y formas de relación social competitivas que supuestamente nos lo hacen asequible. Quienes controlan el dinero controlan la conducta de la gente.
Un pueblo que tiene su pensamiento centrado en el dinero, no en la convivencia, nunca será un pueblo donde brille la justicia. Nadie aspirará en él a la igualdad en tanto no le sirva para ascender socialmente. No apostará por la fraternidad, como no sea a modo de complaciente autoadmiración. No brillará en él la libertad en tanto que esta exija poner los derechos del prójimo al mismo nivel que los propios. Y mientras eso no cambie, no dejaremos de exigirles a quienes nos gobiernen un alto nivel de vida, así sea a costa de la explotación de otros pueblos dominados militarmente por nuestro mundo rico.
No hay república que pueda mantener sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad cuando el pensamiento colectivo se centra en la codicia. Más tarde o más temprano sucumbirá a la tiranía de quienes por encima de la dignidad humana ponen la economía.
A nadie le gusta verse privado de lo necesario, pero tendremos que ponernos de acuerdo acerca de qué es lo necesario. Porque mientras sigamos pensando en lujos y riquezas materiales que exigen sacrificios a los pueblos sometidos y a las clases desposeídas seguiremos navegando a merced de una brújula permanentemente mareada y nos extraviaremos. /PC
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Anticorrupción pide imputar a exaltos cargos de Junta y dirigentes de CCOO y UGT por el ERE de Altadis

En un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.
Agencias
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que cite a declarar como imputados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CCOO y UGT en relación a la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en el año 2005.
   En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el actual director general de IDEA, Antonio Valverde, a uno de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Serrano, y a la exasesora de Empleo María José Rofa.
   De igual modo, y para evitar una posible prescripción de los delitos, solicita a la juez que dicte resolución y cite a declarar como imputados al exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea y a varios dirigentes sindicales que firmaron el 3 de diciembre de 2004 el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta, como son, por parte de UGT, el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela, y por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa.
   La Fiscalía, que también reclama dar traslado de las actuaciones a UGT, CCOO y Altadis como responsables civiles subsidiarios, argumenta su petición "en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial" su solicitud de formación de piezas separadas, "muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas".
   En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es "consciente" de que "a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes" de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.
   Así, y "con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias", la Fiscalía considera que "existen elementos suficientes" para que "se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación"; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real "que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita", y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.
   Anticorrupción relata que fue el 7 de noviembre de 2005 cuando Guerrero remitió un escrito a los compañías aseguradoras "comprometiéndose al abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis", tras lo que, "con la finalidad de materializar los pagos de las primas", Guerrero, por parte de la Dirección General de Trabajo, y Serrano, por parte de IDEA, suscribieron el 19 de febrero de 2008 un convenio de colaboración.
   El 20 de mayo de 2009, el entonces director general de Trabajo Juan Márquez dictó una resolución concediendo determinadas ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Altadis por importe de 20,1 millones de euros mediante el pago de las primas ya reseñadas y encomendado para ello a la agencia IDEA, tras lo que el 4 de noviembre de 2010 Daniel Rivera y Antonio Valverde suscribieron un acuerdo de extinción del convenio reseñado anteriormente.

PAGOS CRUZADOS

   Finalmente, y según la Fiscalía, los pagos realizados por IDEA hasta el año 2010 suman 20,4 millones de euros, "a los que habría que añadir la cantidad de 1,8 millones mediante los denominados 'pagos cruzados' ordenados por Guerrero".
   Anticorrupción recuerda el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, que asegura que "esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores", de manera que la Junta "se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa".
   Además, y según dicho informe, "no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o parte, a las obligaciones asumidas por la Junta".

"NULIDAD DE PLENO DERECHO"

   La Fiscalía añade que, según el informe pericial, "en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por la Consejería de Empleo.
   Asimismo, "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos" por Empleo para determinar "tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales".
   Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta "para que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación", así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.

RECLAMA UN REFUERZO DEL JUZGADO

   Igualmente, solicita que se oficie a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que entregue todos los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores de Altadis.
   Por último, la Fiscalía asegura conocer "lo limitado de los recursos humanos y materiales" del Juzgado de Alaya "y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo", por lo que reclama que, "de ser acordadas las diligencias que se proponen, deberá procederse a un importante refuerzo" del mismo.

viernes, 6 de junio de 2014

Qué pasó con los inmigrantes de Perejil cuando la abdicación del rey acaparaba tu atención

por Gabriela Sánchez
Militares marroquíes entraron en la disputada isla española de Perejil para expulsar ilegalmente a 13 inmigrantes que querían solicitar asilo. Delegación del Gobierno en Ceuta aporta informaciones confusas sobre la operación y la justifica con un acuerdo "verbal".
Martes, 3 de junio. Tras un día histórico, las miradas persistían fijas hacia arriba. Mientras ocurrían hechos insólitos en la democracia española, mientras el foco alumbraba leyes firmadas a toda prisa, Matteau gritaba entre un puñado de rocas: "¡Los militares vienen a por nosotros!,  ¡socorro!". Ocurría otro hito, pero en medio del Estrecho. Cerca de 30 soldados alauís entraban en el disputado islote del Perejil. No era la primera vez. En 2002 pasaron once con una bandera y una tienda de campaña, y desataron un conflicto diplomático. Este día portaban "palos y porras"; la Guardia Civil observaba, sin recibir órdenes para actuar y garantizar el cumplimiento de la ley en su territorio.
Alrededor de las 6:30 horas, trece inmigrantes alcanzan el peñón español del Perejil en una embarcación neumática. Todos son hombres: siete de República Centroafricana, cuatro de  el Chad y dos de Gambia. Dos de ellos se declaran menores de edad y todos comunican su intención de solicitar asilo en conversaciones telefónicas con ONG y medios de comunicación, entre ellos eldiario.es.
Ante el temor de una expulsión colectiva, la ONG Coordinadora de Barrios informó por escrito a la Oficina de Asilo y a la Defensora del Pueblo para alertar de la situación y de la voluntad de todas estas personas de solicitar protección internacional. La delegación española del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) también estaba al tanto y, según pudo saber eldiario.es, se puso en contacto con el Ministerio de Interior.
Al tratarse de un peñón de soberanía española, el rescate y la apertura del procedimiento administrativo de expulsión correspondería a los agentes españoles. Aunque un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil estuvieron movilizados en las inmediaciones del peñón, no tenían órdenes para actuar.
Un destacamento de más de 30 militares marroquíes, según los testimonios de los inmigrantes, entró en territorio español, ante la mirada de los agentes del Instituto Armado, con el objetivo de retener a las trece personas y devolverlas a Marruecos. Según describieron los propios subsaharianos a eldiario.es, los soldados marroquíes actuaron de forma violenta empleando “palos y piedras” para lograr atraparlos. “Hay personas heridas”, explicaba el centroafricano de 21 años por teléfono desde Perejil.
Todos acabaron siendo expulsados por los militares marroquíes. La Guardia Civil no actuó. Ni Salvamento Marítimo ni Cruz Roja fueron movilizados.

Explicación oficial: ¿por qué entraron los marroquíes?

Para justificar la entrada de militares marroquíes en la Isla del Perejil, cuya soberanía creó una crisis diplomática entre Marruecos y España en 2002, la Delegación del Gobierno alega la supuesta existencia de un “acuerdo verbal” adoptado entre ambos estados tras el conflicto. Según explican desde la institución, el pacto establece que “en el caso de llegada de personas procedentes del país alauí al islote español, los encargados de entrar a recogerlas son los militares marroquíes” y viceversa. 
Posteriormente, las mismas fuentes afirman a eldiario.es que sí existe "algún escrito" sobre el acuerdo que avalaría la intervención marroquí en Perejil. Remiten a un teletipo de la Agencia Efe que describe el acuerdo firmado en 2002 por Rabat y Madrid que derivó en la retirada de las tropas españolas del peñón tras la ocupación marroquí. 
"La retirada y ausencia de todas las fuerzas y funcionarios de Gobierno, uniformados o no, de la isla y la eliminación y ausencia de todo cartel, bandera u otro símbolo de soberanía de la isla, con el entendimiento de que el uso de la isla y el espacio aéreo y marino circundante será consecuente con la actividad previa a julio", rezaba el acuerdo.
eldiario.es indica a la portavocía de Delegación del Gobierno que en la información que nos adjunta no existe alusión alguna al procedimiento a seguir ante la llegada de inmigrantes procedentes de un país u otro. La institución recula y asegura que "después se desarrollaría de forma no escrita" y que lo expuesto en el pacto de 2002 se podría "extrapolar", sin explicar cómo ni en base a qué. 

¿Un acuerdo verbal es vinculante?

Expertos consultados por este periódico descartan la validez jurídica de un pacto verbal y no eximiría de responsabilidades al estado encargado de velar por el cumplimiento de la normativa: las expulsiones colectivas sin identificación previa son ilegales según la Ley de Extranjería. Además, las personas devueltas había inmigrantes que habían declarado su intención de solicitar protección internacional, vulnerando también la legislación de asilo española y multitud de tratados que incluyen el princicpio de 'no devolución'. Se suma la existencia de dos menores entre ellos, lo que obligaría a la realización de las pruebas de determinación de la edad. 
“Un acuerdo verbal no es nada, a nivel jurídico no sirve para nada”, explica Jorge Antonio Quindimil, profesor de Derecho Marítimo Internacional en la Universidad de A Coruña. “Me extraña mucho que se permita a los gendarmes alauís entrar en el peñón después del conflicto de El Perejil. Partiendo de la base de que existen reclamaciones de soberanía por ambas partes y de que a nivel jurídico no está resuelto -aunque de facto la isla es española-, los ejercicios de autoridad pública, como pueden ser un rescate o una devolución, supondrían pruebas de dominio y España no lo podía permitir a través de un supuesto pacto no escrito de 2002”, argumenta.
"Si ambos reinvidican soberanía sobre esas formaciones rocosas, ambos deberían estar prestos a asistir a los inmigrantes porque ello sería una prueba de su soberanía. Claro que prefieren renunciar antes que exponerse a rescatar a los inmigrantes y que soliciten asilo", sentencia el profesor.
González Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta, nombró algunos ejemplos del pasado en los que se pondría en práctica el "pacto verbal" mencionado. En declaraciones recogidas por Europa Press recordaba que hace "ocho o nueve años" fueron las Fuerzas de Seguridad del país vecino "las que desalojaron a un grupo de marroquíes que colocó una bandera suya en el islote" y que la Guardia Civil fue la que invitó a irse a los españoles que desembarcaron en el curso de una ruta de kayak

Informaciones confusas de Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno de Ceuta anunció que los 13 subsaharianos habían sido expulsados de la Isla de Perejil en una “operación conjunta” de las fuerzas auxiliares marroquíes y la Guardia Civil española horas antes de que se produjese la devolución. Posteriormente, las mismas fuentes reconocieron que sólo intervinieron los militares alauíes.
15:40 horas: eldiario.es habla por teléfono con una de las 13 personas que estaban en el peñón del Perejil. Asegura que hay heridos, en ningún momento menciona que gran parte de sus compañeros hayan sido expulsados. Habla de heridos, de que hay dos menores de edad y de que los soldados marroquíes han intentado retenerles con “palos y piedras”.
16:00 horas: Delegación del Gobierno informa a eldiario.es de la devolución de todos los inmigrantes en una “operación conjunta” entre ambas fuerzas de seguridad. No explican por qué los soldados marroquíes se introducen en territorio español para expulsar ellos mismos a estas personas. Aseguran que, por el momento, desconocen las razones. Les decimos que hablamos con los subsaharianos hace relativamente poco y estaban en la isla; contestan que la expulsión se ha producido “cinco minutos antes”.
16:10 horas: La ONG Caminando Fronteras habla con los inmigrantes. Siguen en la isla española "rodeados de soldados marroquíes".
17:30 horas: Los inmigrantes dejan de responder las llamadas y la ONG Caminando Fronteras intuye que, ahora sí, están siendo expulsados. Cadena Ser confirma, citando a fuentes de la Guardia Civil, que se ha producido la devolución.
18:15 horas: Desde Delegación del Gobierno en Ceuta reconocen que estas personas no habían sido expulsadas cuando lo anunciaron. Según dicen, sí “habían sido devueltos once de ellos” pero el resto, matizan, “estaban escondidos en las rocas y no fueron localizados hasta las 17:30 aproximadamente”. Esta afirmación contrasta con la de los inmigrantes que contaban lo que iba ocurriendo. Unas horas antes habían informado de que se trataba de una "operación conjunta", ahora admiten que la Guardia Civil estaba en la zona "por si había alguna urgencia" pero no intervino en ningún momento. 

La idea de asilo y de España para el delegado ceutí

- ¿El peñón del Perejil es español o no? Francisco Antonio González Pérez atacó este miércoles a "determinadas ONG" porque, a su juicio, "se han inventado una nueva fórmula para intentar de alguna manera llevar a cabo sus pretensiones con los inmigrantes". La denomina "petición de asilo 'in itinere".
Ante la confusión de esta acusación, desde la institución explican a eldiario.es que se refieren a las solicitudes realizadas "en el camino". "¿En el camino a dónde?", pregunta este periódico. "A España". Los inmigrantes comunicaron su intención de solicitar asilo en conversación telefónica con ONG y medios de comunicación cuando estaban en la Isla de Perejil que, según dejó constancia el Gobierno de Aznar en 2002, es de jurisdicción española. 
¿Solo se puede pedir asilo en una Oficina de Extranjería? "Yo este martes recibí una carta según la cual los inmigrantes habían pedido asilo en Perejil, donde no creo que haya Oficina de Extranjería, y la petición la tiene que hacer cada ser humano personada en las instalaciones correspondientes", esgrimió González Pérez en la misma conferencia de prensa.
La legislación nacional obliga a abrir el proceso de asilo si una persona comunica su intención de solicitarlo a las fuerzas de seguridad en territorio español. Alegando este motivo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tachó de ilegal la devolución de siete inmigrantes de la isla española de Chafarinas -que tampoco contaba con Oficina de Extranjería- ejecutada en abril. En el caso de Perejil, se suman diversas circunstancias confusas, por las que, aun estando en territorio español, los inmigrantes no tuvieron contacto con las fuerzas de seguridad que, según la soberanía del peñón, les correspondería: las españolas.

Espera de 11 horas de 11 inmigrantes, un bebé entre ellos

El día anterior, el 2 de junio, horas antes del anuncio de la abdicación del rey, un grupo de once inmigrantes subsaharianos formado por ocho hombres, dos mujeres y un bebé de ocho meses llegó a los acantilados continentales cercanos al islote de Perejil, en las inmediaciones de Ceuta. Un pequeño conjunto de rocas que, según el Gobierno, pertenece a Marruecos.
Tras ser avistados por el Servicio Marítimo Guardia Civil, se comunicó su presencia a las autoridades marroquíes que, según afirmó Delegación del Gobierno en Ceuta a eldiario.es en torno a las 10:00 horas, las fuerzas de Marruecos procederían a su inmediaro rescate. No lo hicieron hasta última hora de la tarde.
La ONG Caminando Fronteras denunció que, cerca de las 19:00 horas, una embarcación de la Guardia Civil permanecía en la zona en la que habían naufragado los subsaharianos "grabando" un rescate que se producía "forcejeando" y "tirando gente al agua bajo la mirada de la Guardia Civil".

[Nuevo varapalo al gobierno] Audiencia avala que Pedraz siga investigando asesinato de Couso en Irak

Lo adelanta el diario Público. La reforma de la justicia universal no va a conseguir paralizar la investigación por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad en 2003 a manos de militares de EEUU. Así lo ha decidido el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional...
... este viernes, que ha avalado la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción. Los 16 magistrados presentes en la reunión han rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el juez instructor cerrara la causa y la elevara a este órgano superior para su archivo.
Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".
La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Y eso ha provocado la puesta en libertad de numerosos narcotraficantes desde su aprobación. Sin ir más lejos, este mismo viernes otros cinco narcos podrían salir de prisión sin ser juzgados gracias a la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
"Esto demuestra la independencia de la Justicia frente a las presiones exteriores y que hay una jerarquía que está dispuesta a defender los derechos de los ciudadanos y que no va a permitir la impunidad", dijo a Público en una conversación telefónica David Couso, uno de los hermanos de José. Cuestionado sobre si esto abre nuevas esperanzas para la familia después de 11 años de lucha para que se siguiera investigando el asesinato del cámara de Telecinco, Couso explica que "nosotros no hemos perdido nunca la esperanza en la Justicia incluso pese a todos los intentos que hemos tenido que afrontar durante este tiempo para frenar la investigación. Hemos tenido sdos intentos de archivo de la causa, después vinieron las filtraciones de WikiLeaks, en los últimos meses las declaraciones de miembros del PP tratando de influir en los magistrados diciendo que era una extravagancia que siguieran investigando..."
(Seguirá ampliación)