Los bancos se apropian de las casas por el 50% de su valor inicial y los desahuciados quedan endeudados para cubrir la diferencia
Mientras, PSOE y PP rechazaron una iniciativa parlamentaria para obligar a los bancos y cajas a dar por saldada la hipoteca con la entrega de la vivienda.
Arturo Inglott - Redacción Canarias-semanal
Desde el comienzo de la crisis 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por los Bancos ante la imposibilidad de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Entre el año 2007 y el 2008 las ejecuciones hipotecarias aumentaron en un 123%, mientras que entre 2008 y 2009 lo hicieron en un 72%. Según los datos ofrecidos por el CGPJ perdieron sus hogares 6.933 familias en la provincia de Las Palmas y 6.650 en la de Santa Cruz de Tenerife. El delegado en Canarias de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbank) Gerónimo Barrera señaló, no obstante, que los afectados en Canarias serán 20.000, ya que los avalistas también pueden salir perjudicados en estos procesos.
En el conjunto del Estado español se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en los próximos cinco años, según los cálculos de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas. De enero de 2007 a septiembre de 2010 se ejecutaron 258.000 hipotecas. Mientras que el colapso en los juzgados, debido al desmesurado incremento de los impagos, ha generado una bolsa de viviendas en ejecución hipotecaria sin finalizar de 160.000 expedientes.
Estos procedimientos de ejecuciones hipotecarias efectuados por la Banca española no sólo han sido cuestionados por estas asociaciones de afectados, sino también por algunos representantes de la judicatura. Así, por ejemplo, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Sabadell, Guillem Soler, elevó al Tribunal Constitucional el pasado mes de febrero la actual normativa sobre desahucios y ejecución de las hipotecas, por considerar que ésta “perjudica a los ciudadanos embargados y vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda”.
Actualmente, son los propios Bancos y Cajas quienes determinan el valor de los inmuebles, quedándose con ellos por el 50% de su valor inicial. Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre dicho valor, establecido de manera arbitraria por la entidad bancaria, y el importe total de la hipoteca que firmaron.
En el auto del citado juez se solicitaba que el Tribunal Constitucional contemple elevar el valor de estas viviendas que finalmente se quedan las entidades financieras. Igualmente, y coincidiendo con las peticiones que efectúan las asociaciones de embargados, solicitaba a este tribunal que estudiase una posible modificación de la Ley Hipotecaria, para que la entrega de la vivienda fuese suficiente para saldar la deuda hipotecaria. Hasta la fecha se desconoce la suerte que este auto corrió en el alto tribunal español. La respuesta de los dos principales partidos políticos del Estado a una reclamación que empieza a convertirse en mayoritaria, no obstante, ha vuelto a poner de manifiesto
cuáles son los intereses que éstos representan. Este martes, 10 mayo, los grupos parlamentarios del PSOE y el Partido Popular sumaban sus fuerzas en el Congreso de los Diputados para derrotar dos iniciativas de ERC que reclamaban una reestructuración del sistema financiero que permitiese cancelar las hipotecas mediante la entrega de la vivienda. El pasado 30 marzo se presentaba en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con esta misma finalidad, que aún debe ser aceptada a trámite y posteriormente avalada por 500.000 firmas recogidas en un plazo de nueve meses.
Sin embargo, la principal resistencia a este despojo sistemático efectuado por la banca a las familias es la que están protagonizando los mismos afectados, organizándose en plataformas que ya han conseguido frenar algunas ejecuciones hipotecarias. Según manifestaba a la revista Diagonal Ada Colau -de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, creada en Cataluña en febrero de 2009 para coordinar a las víctimas del crack de la burbuja inmobiliaria y defender su derecho a una vivienda digna -"cada ejecución no afecta un individuo, sino a una familia y su entorno; hablamos de millones de personas perjudicadas. Los bancos y los poderes públicos son los auténticos responsables de esta situación económica que ha llevado a las familias a no poder sostener su deuda hipotecaria” -apuntan desde esta plataforma. "Ahora –añade Ada Colau -las consecuencias sólo las está pagando la parte más vulnerable e indefensa, mientras bancos y cajas reciben millones de euros en ayudas públicas sin ninguna contrapartida". Por su parte, Antonia Santana -una de las miles de desahuciadas canarias - manifestó a Canarias Semanal que, en su opinión, "a estas alturas resulta ingenuo esperar que la solución nos la vayan a dar en el parlamento español o autonómico". "Sólo nos queda -concluyó Santana - organizarnos para resistir, tal y como han comenzado a hacer en otras partes del Estado".-
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